EJES DE TRABAJO

EJE MECANISMOS INSTITUCIONALES
La Agenda Estratégica busca que el Estado pueda realizar acciones en todas las líneas, pero de manera particular, aquellas que han sido reiteradas y que tienen una importancia estratégica que desataría cambios y transformaciones profundas en la vida de las mujeres.
Este es el caso particular de la recomendación dirigida a darle paso a la creación del Ministerio de la Mujer, que, para el caso del Legislativo, ha sido producto de un consenso multipartidario y actualmente se encuentra aprobado en segunda lectura. Como medida particular, también es indispensable que el gobierno restituya el derecho del movimiento de mujeres y feministas, a proponer candidatas para conducir la Secretaría Presidencial de la Mujer; y la Defensoría de la Mujer Indígena; derecho que ha sido de nuevo vulnerado.
A esta Agenda también interesa que el gobierno consolide las acciones que viene realizando con el liderazgo de SEPREM, para lograr presupuestos para la equidad y la igualdad entre mujeres y hombres; garantizando la asignación suficiente y oportuna de recursos a las instituciones del sector público y a los mecanismos creados para el cumplimiento de los marcos legales correspondientes, como la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer.

EJE DERECHOS CÍVICOS Y POLÍTICOS
El ámbito de la toma de decisiones es uno de los que presenta mayores exclusiones y discriminación contra las mujeres de todos los grupos socioculturales del país. Sigue siendo uno de los mayores retos del sistema político incrementar la participación política y ciudadana de las mujeres, para quienes la misma no se traduce en representación en los cargos de toma de decisiones, a pesar de ocupar el 53.72% del padrón electoral, según datos del Tribunal Supremo Electoral -TSE-.
La voz, las demandas y propuestas de las mujeres siguen siendo levemente incorporadas en las acciones de política pública.

EJE DE DERECHOS ECONÓMICOS
En lo que se refiere al desarrollo económico, también las mujeres enfrentan la mayor exclusión. Las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres siguen siendo muy elevadas en términos del desarrollo productivo y el acceso a oportunidades; además de ser la que menos visibilidad tiene dentro de las políticas públicas. Los derechos económicos de las mujeres son los más postergados a nivel nacional.
El crecimiento económico del país no se ha convertido en bienestar de las personas, especialmente de las mujeres. Eso se refleja en la escasez de empleo o en las malas condiciones del mismo para las mujeres, quienes principalmente se incorporan en los servicios y la agricultura, además de su trabajo en el sector informal de la economía.

EJE DE DERECHOS LABORALES
El acceso al empleo es un factor central para el bienestar de las mujeres, así como un elemento fundamental del sistema económico del país. Sin embargo, Guatemala aún se encuentra inmersa en un conjunto de condiciones, que afectan directamente, o impiden, la participación de las mujeres en este ámbito.
Uno de esos factores es la asignación segmentada de roles, en donde a las mujeres les asignan toda la labor del cuidado o el trabajo doméstico, mientras a los hombres se les asignan tareas productivas.

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
En los últimos seis años, la violencia contra las mujeres -VCM- es el delito más denunciado y está catalogado por el Ministerio Público –MP- como uno de los delitos de mayor gravedad y recurrencia en el país.
Según información de Grupo Guatemalteco de Mujeres –GGM-, desde el año 2000, hasta el 31 de diciembre de 2018, han muerto violentamente un total de 11 mil 372 mujeres. De enero a diciembre de ese último año, murieron de manera violenta 661 mujeres, de lo cual se infiere, a través de información cualitativa, que 338 de los casos corresponden a femicidios (51%). Esta información confirma que se mantiene un promedio de dos muertes de mujeres de forma violenta, por día

EJE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS
La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce el goce de la salud como derecho fundamental de las personas, sin discriminación alguna, manteniendo los principios de equidad. Así también, aspectos relacionados con salud sexual y reproductiva están considerados en la Ley de Maternidad Saludable (Decreto 32-2010), en el artículo 15 de la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (Decreto 7-99) y en la Ley de Acceso Universal y Equitativo de los Servicios de Planificación Familiar y su integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva (Decreto 87-2005).

EJE DISCRIMINACIÓN Y RACISMO
Ser mujer, indígena, pobre y del área rural en Guatemala, es pertenecer al grupo que se encuentra en mayor condición de vulnerabilidad en el país. “El racismo es la valoración generalizada y definitiva de unas diferencias, biológicas o culturales, reales o imaginarias, en provecho de uno o varios grupos y en detrimento de otros, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación”. Puede expresarse como prácticas, imaginarios o ideologías, y expandirse a todo el campo social. Puede proceder de una clase social o de un grupo étnico. También puede provenir de las instituciones o del Estado, en cuyo caso se habla de “racismo de Estado”.